La protección de los menores en el entorno digital ha dejado de ser una recomendación para convertirse en una obligación legal en España. La Ley de protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, aprobada en 2025, exige que todos los fabricantes de móviles, tabletas, ordenadores y televisiones inteligentes incluyan un sistema de control parental gratuito y accesible desde la primera configuración del dispositivo. Esta medida responde a datos como los de UNICEF, que señalan que el 41% de los niños de 10 años ya posee un smartphone con conexión a internet, una precocidad que, según la psicóloga Marta Bermejo, resulta peligrosa por la falta de madurez para gestionar los riesgos digitales.
La normativa no solo afecta a los fabricantes, sino también a las plataformas de servicios digitales, que deberán ofrecer herramientas de supervisión parental de manera gratuita. El objetivo es que las familias puedan establecer límites de horario, filtrar contenidos y mantener un diálogo constante sobre los hábitos digitales de los menores, algo que los expertos consideran clave para prevenir problemas como el ciberacoso, la adicción digital o la baja tolerancia a la frustración. La ley otorga al Gobierno la capacidad de desarrollar reglamentos técnicos que definan los plazos y especificaciones para su cumplimiento.
Un movimiento global hacia la regulación
España no está sola en este camino. Francia ha dado un paso histórico al aprobar en julio de 2026 la prohibición de acceso a redes sociales para menores de 15 años, con entrada en vigor escalonada a partir de septiembre. Australia fue pionera al establecer una edad mínima de 16 años desde diciembre de 2025, con sanciones directas a las plataformas que no verifiquen la edad de sus usuarios. En América Latina, Brasil aprobó la Ley 15.211 de 2025, que obliga a vincular las cuentas de menores de 16 años con un responsable legal y exige mecanismos de verificación de edad y herramientas de supervisión parental, con multas de hasta 50 millones de reales.
En el ámbito europeo, la Ley de Servicios Digitales (DSA) ya establece una base común que incluye la prohibición de publicidad dirigida a menores y la obligación de mitigar riesgos. Países como Dinamarca, Grecia y Portugal también han iniciado procesos para endurecer sus normativas nacionales, mientras que el Reino Unido, a través de la Online Safety Act, impone deberes de protección infantil y verificación de edad para impedir el acceso a contenidos gravemente dañinos. La tendencia es clara: la infancia digital ha pasado de ser un asunto privado a una cuestión de salud pública y soberanía.
Herramientas integradas y actualizaciones recientes
Las grandes plataformas tecnológicas ya ofrecen funciones de supervisión, pero la nueva ley obliga a que estén presentes de serie. Google Family Link, el Tiempo de uso de Apple, la Sincronización familiar de TikTok o los perfiles infantiles de Netflix y Disney+ son ejemplos de herramientas que permiten gestionar el tiempo de pantalla, bloquear aplicaciones y restringir contenidos por edad. Recientemente, WhatsApp ha mejorado la visibilidad de sus controles parentales, añadiendo una sección dedicada en el panel de configuración para que los adultos puedan vincular su cuenta a la de sus hijos y recibir notificaciones sobre nuevos contactos o cambios en la configuración, sin acceder a los mensajes privados.
Sin embargo, los expertos advierten que instalar el control parental y olvidarse no es suficiente. Carlos Valls, investigador de la UCAM, subraya que las necesidades cambian con la edad y que aplicar las mismas restricciones a todos los hijos o limitarse a controlar las horas de pantalla sin mirar qué aplicaciones usan reduce la eficacia de la protección. Valls recomienda mantener rutinas durante todo el año, negociar los límites con los adolescentes y dar ejemplo como adultos, evitando el phubbing (ignorar a los hijos por mirar el móvil).
El papel de la inteligencia artificial y los nuevos desafíos
La irrupción de la inteligencia artificial añade una capa adicional de complejidad. UNICEF reveló en junio de 2026 que al menos 20 millones de adolescentes de 12 a 17 años en diez países ya utilizan herramientas de IA, y en España el informe EU Kids Online 2026 indica que seis de cada diez menores usan IA generativa. Esto ha llevado al Gobierno a anunciar un programa de alfabetización digital familiar dotado con 140 millones de euros. Los expertos alertan sobre la pérdida de tolerancia a la frustración y la dependencia tecnológica, y piden que las herramientas de control parental de IA evolucionen para supervisar también el uso de asistentes de IA, sin reemplazar la interacción humana.
